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Transporte, tecnología y electricidad, las preocupaciones del CCE


México es atractivo para la relocalización de empresas. Sin embargo, el país enfrenta retos para que las inversiones generen un crecimiento económico uniforme. “Porque no puede ser posible que se crezca en el norte y en donde está el petróleo, en el sureste, se decrezca”, dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. En entrevista con Proceso, asegura que el organismo que encabeza tiene un saldo positivo en su relación con el presidente López Obrador. Sin embargo, entre los temas por resolver destaca el tendido de líneas de transmisión de electricidad porque “llegan muchas inversiones y no tenemos capacidad eléctrica”.


Ante las críticas de su excesiva cercanía con la Presidencia de la República, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), asegura que se siente orgulloso de que, por primera vez, la relación con el jefe del Ejecutivo se aproveche para el empresariado mexicano, para el desarrollo del país y no para el hombre de negocios que ocupa ese cargo o para sus empresas.


En sus oficinas del CCE Cervantes hace una revisión de las relaciones de la cúpula empresarial con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, del cambio de las reglas del juego en distintos sectores de la economía durante esta administración, que se encamina hacia su último tramo, y sobre los retos que el gobierno aún debe atender para estimular un desarrollo económico uniforme.


Entre esos pendientes que le preocupan al dirigente empresarial destacan lo relativo a la transición tecnológica frente al desafío que impone la relocalización de cadenas productivas, la generación de electricidad para las inversiones que están llegando y los cruces terrestres que se han convertido en una pesadilla porque están saturados.


La entrevista con Proceso tuvo lugar unos días antes de que el CCE manifestara su preocupación sobre el impacto que tendría sobre el ánimo de los inversionistas nacionales y extranjeros la decisión gubernamental de ocupar un tramo de 120 kilómetros de Ferrosur, de Grupo México, en Coatzacoalcos, y revocar el título de concesión vía un decreto.

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