A poco menos de 20 días de que se celebre el balotaje, éste continúa bajo asedio. A pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó provisionalmente al partido Movimiento Semilla en el sentido de que no pude ser suspendida su personalidad jurídica durante el proceso electoral -como pretende la FECI y el juez séptimo del ramo penal- esa misma Corte evitó amparar provisionalmente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que no hubiese interferencia con su labor por parte del Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y varias carteras del ejecutivo.
La CC resolvió no amparar al TSE aduciendo que aquel amparo provisional otorgado a Semilla era protección suficiente ante la posibilidad de que no se llevase a cabo la segunda vuelta electoral. En aquel momento pareció una resolución adecuada, pero hoy vemos cómo la rendija que omitió cerrar esa corte permite que se cuelen, aún, intenciones de interferencia y posible no realización del balotaje.
Es un hecho notorio que algunas facciones políticas no quedaron conformes con el resultado del 25 de junio; es normal, pero de eso a instrumentalizar instituciones públicas para intentar revertir el resultado de la voluntad popular, hay un buen trecho.
Inicialmente los ataques fueron dirigidos hacia el partido Movimiento Semilla y sus dirigentes, pero luego del amparo provisional de la CC, los intentos de sabotaje han sido enfocados en otros frentes.
La FECI y otras 3 fiscalías ha solicitado información al TSE respecto a quiénes integraron las juntas receptoras de votos, además de requerir copia certificada de las actas que se levantaron el día de la elección que dan cuenta de los resultados.
Ambas solicitudes tienen, aparentemente, la intención de revisar mediante procedimiento penal los resultados del 25 de junio. Algo que simplemente no tiene pies ni cabeza. Los mecanismos de revisión de votos fueron activados por casi una decena de partidos que plantearon su inconformidad y, mediante nulidades y amparos, se llevó a cabo el proceso de revisión del que todos fuimos testigos.
Algunos pocos quedaron inconformes todavía y pedían que se hiciera un recuento de votos, pero ello no es dable de acuerdo con nuestra legislación electoral, más allá de que la CC “facultó” a las juntas a hacerlo si lo consideraban necesario. Ninguna lo consideró así. Los inconformes buscaron otras formas de revertir el resultado electoral.
Ahora, con las solicitudes de información dentro de las “investigaciones” que llevan a cabo las fiscalías, lo que está en riesgo es el voluntariado de integrantes de mesas y de digitadores para la segunda vuelta. La presidenta del TSE, Irma Palencia, ha dado declaraciones en ese sentido.
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